La salida del embajador del Ecuador ante los Estados Unidos, Francisco Carrión, está dando mucho que hablar. Primero porque no se sabe con claridad si fue removido por el presidente Lenín Moreno o si, como afirma Carrión, él presentó su renuncia por estar en desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima que realiza desde hace 16 meses las fuerzas armadas norteamericanas en territorio ecuatoriano.

De acuerdo al numeral 10 del artículo 147 de la Constitución de la República, es el Presidente de la República quien tiene la atribución de “definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión”. De este modo, quien define la política exterior y decide si el programa de vigilancia aeromarítima es conveniente o no para el Ecuador es el presidente Moreno. No el embajador del Ecuador ante los Estados Unidos.

Desde el siglo XV, inicio de lo que se conoce hoy como diplomacia moderna, los embajadores generalmente han tenido ciertas funciones que no han variado mucho: fortalecer las relaciones diplomáticas con los países a donde han sido asignados, conocer el entorno y la realidad en el que opera dicho país, gestionar información de todos aquellos aspectos que pueden ser prioritarios a los intereses del Estado e incluso recomendar (no ordenar) al propio gobierno sobre el rumbo que deberían tomar ciertas decisiones, negociaciones, etc.

Sin embargo, el embajador Carrión tiene una manera muy particular de interpretar el papel que tiene un embajador. Si no estaba de acuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima y consideraba que para ello se requería de un “marco normativo específico”, simplemente debía haberlo comunicado de manera discreta al canciller y al propio Presidente de la República. Ellos son los responsables en última instancia de las acciones que toma el Ecuador en política exterior.

Al hacer pública su nota aclaratoria de que a él no le despidieron sino que fue él mismo quien puso la renuncia, deja descolocado al presidente Moreno y da un golpe bajo al proceso de acercamiento y fortalecimiento de las relaciones diplomáticas del Ecuador con los Estados Unidos. Esa acción no es parte de los manuales tradicionales de la formación de diplomáticos.
Considero que equiparar en este momento el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima con falta de soberanía, luego de lo que representó en la época Correa la entrega del país a China y a oscuros intereses, no tiene punto de comparación.

Al contrario, frente a la limitada capacidad operativa y tecnológica del Ecuador para tener control sobre su espacio aeromarítimo, este programa celebrado con los Estados Unidos debería verse como un paso positivo de cooperación conjunta entre dos países para luchar contra el narcotráfico.
La renuncia del embajador adolece de errores de forma y de fondo.

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