Aunque el viernes pasado, de forma sorpresiva, el Gobierno volvió a dar un aplazamiento de tres semanas para la recepción de ofertas de inversionistas interesados en operar el difícil mercado eléctrico de la región Caribe, porque algunas empresas interesadas pidieron plazo para completar los documentos, hubo serias razones de fondo para tomar la decisión.

Al preguntársele a la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, sobre si la medida obedecía al bajo interés por el mercado Caribe Sol y a que Celsia aún no está convencida de postularse, insistió en que el tiempo de más se dio para que las firmas pudieran terminar la preparación de sus ofertas.

Sin embargo, fuentes enteradas del tema le indicaron a EL TIEMPO que hay cuatro causas de peso que tienen a los interesados haciendo cuentas muy detalladas, no obstante que la junta directiva de EPM ya avaló a la compañía para presentar oferta por Caribe Mar, mientras que, antes del aplazamiento, las posibilidades de que Celsia se marginara de competir por este mercado eran muy altas.

El esquema de división del mercado incluye inventarios de  transformadores, postes, cableado, interruptores y demás elementos, pero uno los serios escollos es la titularidad real de varios activos

Y si bien la agente interventora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas, le confirmó a este diario que el esquema de división del mercado ‘sí’ incluye detalles e inventarios de elementos como transformadores, postes, cableado, interruptores y demás elementos, las personas consultadas señalan que uno los serios escollos es la titularidad real de varios de los activos.

En este sentido, por ejemplo, hay en Atlántico unas líneas del sistema de distribución local (SDL) asociadas a la central térmica Zona Franca Celsia, que el año pasado fue vendida a inversionistas americanos, pero una parte de dichas redes siguen siendo propiedad de Grupo Argos y no están a nombre de Electricaribe.

Esta situación también se estaría presentando en otras plantas de generación térmica de la región y en redes del Sistema de Transmisión Regional (STR).

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Más escollos

En segundo lugar, de acuerdo con las fuentes, hay una fuerte incertidumbre por los efectos que algunas decisiones judiciales pendientes puedan tener en los inversionistas que se arriesguen a hacer la oferta y ganen.

El caso puntual tiene que ver con dos acciones de tutela pendientes, una en el Tribunal de Bolívar y otra en el Tribunal del Magdalena, interpuestas por el sindicato de pensionados de la compañía, que tendrían un impacto importante en materia del pasivo pensional, aspecto en el que el Gobierno ya expidió las medidas para asumir cerca de 4 billones de pesos entre pasivo pensional y deudas adquiridas después de la intervención.

Dichos fallos podrían generar costos adicionales que eventualmente podrían recaer en las arcas de los nuevos operadores.

Una tercera barrera que tiene en ascuas la participación de las empresas en la subasta son las llamadas restricciones, un cargo que hoy pagan todos los usuarios del país en sus facturas, por la energía que no puede llegar de las plantas generadoras a los consumidores, por dificultades en redes locales y demoras en los mantenimientos, entre otros.

A todos preocupa el alza de 11 % de la demanda más el crecimiento de la cartera y el impago

La preocupación de los interesados en Electricaribe es por una norma que el año pasado puso en consulta la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) –que no ha quedado en firme–, que propone ajustes para que estos costos los paguen los agentes que los causan, ya sea por retrasos en la expansión, restricciones eléctricas de su responsabilidad o mantenimiento de activos.

En agosto del año pasado, en el documento Creg 063, la entidad no solo reveló que son comunes los retrasos en mantenimientos, sino que entre enero de 2018 y junio del 2019 el valor pagado a generadores por mantenimientos del Sistema de Transmisión Regional (STR) fue de 160.000 millones de pesos, y es ampliamente conocido que los mayores líos están en la región Caribe.

Según el Ministerio de Minas y Energía, en 2018 las restricciones sumaron 1,8 billones de pesos y entre enero y junio de 2019 llegaron a 431.000 millones.

Y, en cuarto lugar, otro elemento que ha incidido es que el Gobierno estaría buscando asegurar una firma que opere el mercado Caribe Sol (Atlántico, La Guajira y Magdalena), en caso de que no aparezcan oferentes. 

Entre enero de 2018 y junio del 2019 el valor pagado a generadores por mantenimientos del Sistema de Transmisión Regional (STR) fue de 160.000 millones de pesos

Esto en medio de la posibilidad de que Servigenerales, del grupo del empresario Alberto Ríos, y con la Empresa de Energía de Pereira a la cabeza, decida hacer una propuesta en asocio con inversionistas extranjeros.

Pero, según las fuentes, esta posibilidad es sujeto de análisis dentro del interior del Gobierno, no solo por la experiencia de dicho grupo en el servicio de Enertolima (que vendió a Celsia a través de Epsa en 2019), sino además por situaciones de tipo político, ya que en la Costa es reconocida la cercanía de Ríos con la casa Char y, ante los sucesos con Aída Merlano, la subasta de este mercado podría verse cuestionada.

De hecho, al momento de comprar Enertolima, Epsa mostró que en 2018 en Tolima hubo 40 cortes de energía contra 15,1 de Epsa, mientras que públicamente la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico han dejado ver la opción de prestar el servicio, pero solamente para ese departamento.Otra fuente dijo que “a todos preocupa el alza de 11 % de la demanda más el crecimiento de la cartera y el impago”.

El plan B para Caribe Sol

Si no hay oferentes por Caribe Sol, el Gobierno contempla la posibilidad de adoptar el esquema de contratar un operador, con recursos públicos. La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, dijo que una vez estén los resultados de la subasta, de no haber total o parcial adjudicación, tomará decisiones para garantizar la prestación del servicio.

Para adoptar el mecanismo, que ya opera con el Chocó con Dispac, el Gobierno habría buscado acercamientos con el Grupo Enel, pensando en que Codensa asuma el encargo, pero ante la dura puja que la firma italiana tiene con su socio, Grupo Energía Bogotá, la idea no ha prosperado.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor economía y negocios
Twitter: @omarahu

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