El Pleno de la Corte Constitucional (CC) declaró este viernes 22 de mayo del 2020 la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 1052, en el que se dispuso la renovación del estado de excepción por calamidad pública. Esto, a propósito de los casos confirmados y la declaratoria de la emergencia sanitaria por el covid-19.

El decreto, firmado por el presidente Lenín Moreno, fue emitido el 15 de mayo. Los magistrados analizaron por ocho días la constitucionalidad de esta renovación. Además, la CC ratificó los parámetros para que durante los 30 días de vigencia del Decreto “se tomen las medidas necesarias para organizar y afrontar la pandemia de conformidad con los mecanismos jurídicos ordinarios”.

En su pronunciamiento, la Corte exhortó al Gobierno para adoptar acciones y fortalecer el sistema público de salud y para que articule la red pública de este sector. Además, convidó a continuar y ampliar los programas de vacunación para evitar el brote de enfermedades prevenibles.

En su exhorto, la Corte solicitó al Gobierno garantizar el derecho a la salud y fortalecer campañas de nutrición y alimentación adecuada para fortalecer el sistema inmunológico de las personas.

El dictamen de la CC también dispone al Gobierno que se garantice el acceso a la educación por “todos los medios de comunicación disponibles durante el confinamiento”.

En materia laboral, la Corte se pronunció para que se expidan directrices y protocolos en el sector público y privado para garantizar la salud de los trabajadores cuando se disponga el retorno a las actividades.

Sobre las movilizaciones de sectores que han salido a manifestarse, los magistrados señalaron que se respete el derecho a la protesta pacífica y se promuevan las medidas de bioseguridad. También, que se use progresivamente y, cuando fuere necesario, la fuerza; y que se garantice el debido proceso en caso de que se produzcan infracciones penales en el contexto de las manifestaciones.

El dictamen de la Corte también solicita tomar acciones y proteger los derechos y la integridad de las personas privadas de libertad, a migrantes, pueblos indígenas y a las mujeres víctimas de violencia.